EL PARTIDO POPULAR INSTA A LA JUNTA A QUE REFORME LA LEY DE VPO PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS PROPIETARIOS
La candidata a la Alcaldía por el PP incide en que la Ley andaluza supone un agravio para los propietarios de VPO andaluces con respecto a otras comunidades y rechaza que el PSOE de la Junta “está ignorando” las denuncias de los propietarios de VPO “y lo que es más grave, sus derechos”. Pedemonte asegura que “el PP sigue luchando por defender los derechos de estos ciudadanos”.
La candidata a la Alcaldía de San Fernando por el Partido Popular, Carmen Pedemonte, ha asegurado que el PP “está haciendo todo lo posible para que se garanticen los derechos” de los cientos de propietarios isleños de Viviendas de Protección Oficial que se están viendo afectados por la aplicación de la denominada Ley de VPO, aprobada por el PSOE de la Junta.
Pedemonte lamenta que “la cerrazón de los socialistas de la Junta y su incapacidad para gobernar bien y por igual a todos los andaluces, ha provocado un tremendo malestar y una enorme preocupación a los propietarios de viviendas protegidas, que ahora ven como se están mermando sus derechos adquiridos en la compra de su vivienda, adquirida con anterioridad a la aprobación de esta Ley”.
Pero para los populares, “lo que más indignante es que el PSOE de la Junta está haciendo oídos sordos a las denuncias y movilizaciones protagonizadas por un gran número de andaluces afectados, que sólo piden que se cumpla los derechos de los propietarios, así como lo firmado en escritura pública ante notario, con una rectificación en los planteamientos de esta Ley que únicamente han tenido el apoyo del PSOE, un partido que lleva 25 años manejando los intereses los andaluces a su antojo”. Así, “la única respuesta dada por la Junta de Andalucía a estas denuncias ha sido la negativa a reformar una Ley que sólo a ella satisface, negando una modificación de ley a los trabajadores pero sí asumiendo las propuestas de las grandes promotoras en lo que se referían al suelo y, por consiguiente, cediendo al poder económico”.
Por eso, lo que Pedemonte quiere que sepan los propietarios isleños de VPO es que “el PP no ha dejado nunca ni dejará de luchar con todos nuestros recursos posibles por defender los derechos de los ciudadanos”. Y lanza este mensaje porque “a nuestra sede vienen constantemente propietarios afectados por la Ley del PSOE que nos demandan información, plantean sus dudas y nos muestran su preocupación, porque temen las repercusiones que va a tener la aplicación de la norma en su capacidad económica. Y esto es lo que no se puede consentir, que el PSOE de la Junta esté ignorando a unos ciudadanos que están preocupados por su futuro”.
Al respecto, Pedemonte explica que el PP va a instar a la Consejería de Obras Públicas a que, “de forma urgente y antes del primer semestre del presente año”, dé nueva redacción a las disposiciones transitorias primera y segunda del Decreto 149/2006 de 25 de julio de vivienda protegida de Andalucía “que vulneran la Constitución y el Código Civil”. En este sentido, los populares creen que “lejos de dar soluciones, esta Ley plantea, aún si caben, mayores interrogantes en temas de gran relevancia como son el derecho a la propiedad o el principio de reserva de ley”.
Según el PP, la disposición transitoria primera en su apartado primero que regula las segundas o posteriores transmisiones intervivos se vulnera el artículo 53.1 de la Constitución, que reserva a la Ley la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales que en todo caso deberá respetar su contenido esencial. El derecho de propiedad figura entre tales derechos, recuerdan los populares.
En cuanto al apartado segundo de la mencionada disposición transitoria primera, se regula el derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas calificadas como protegidas, remitiéndose a lo dispuesto por los planes de vivienda y suelo aprobados, todos mediante decreto de la Junta de Andalucía. Estos decretos no tienen rango de ley y al regular una limitación fundamental del derecho de propiedad como los derechos de tanteo y retracto, “es evidente que debieron regularse por ley, tal como ordena el artículo 53 de la Constitución”, deduciéndose que la disposición transitoria primera es inconstitucional.
A ello se suma el hecho de que la Ley 13/2005 no contiene regulación alguna sobre la descalificación de viviendas protegidas ni plazo durante el cual no se puede pedir la descalificación. Tampoco la legislación estatal sobre viviendas de protección oficial establecía plazo alguno sino que regulaba la posibilidad de que el propietario pidiera la descalificación en cualquier momento. La disposición transitoria segunda del reglamento introduce el plazo de diez años desde la calificación definitiva para que proceda la descalificación. Ese plazo puede ser menor si éste figura en el programa al que estuviera acogida la vivienda.
Esta nueva limitación al derecho de propiedad se introduce por vía reglamentaria y por una disposición transitoria, cuando con anterioridad no existía tal limitación ni en la Ley 13/2005 ni en el ordenamiento estatal anterior sobre viviendas protegidas. Por estas razones se vulnera, según los populares, los artículos 53.1 y 348 del Código Civil.
“Desgraciadamente los andaluces propietarios de vivienda protegida han podido comprobar en su principal patrimonio el agravio económico con respecto a otras comunidades autónomas. Mientras otras regiones han conseguido una valoración mas justa y real acorde al momento actual clasificándolas en el tipo más optimo, en Andalucía la vivienda de miles de ciudadanos se encuentra hasta incluso dos módulos por debajo que otras comunidades y ciudades del mismo rango con la consiguiente depreciación del patrimonio”, señalan los populares.
Por todo ello, el PP pedirá en Pleno que se inste al Parlamento de Andalucía a que la nueva redacción de las disposiciones transitoria primera y segunda conforme a derecho se adicionen a la Ley 13/2005 de vivienda protegida y suelo como modificación de ley.